Cuba

Cuba ante una Constitución conservadora y excluyente

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El 24 de febrero de 2019 la población cubana votará un referendo sobre la nueva Constitución. Es muy probable que, a la usanza de los regímenes del socialismo burocrático, será aprobada por “abrumadora mayoría”. En Cuba, lamentablemente, no todos los ciudadanos tienen derecho al voto. No existe mecanismo alguno para que los cubanos que residen fuera de la isla puedan votar, ni tampoco existe la posibilidad de que pueda hacerse campaña o pedagogía a favor del NO.

Si yo pudiera votar, mi voto sería NO. Y no porque la actual constitución sea mejor que la que se pretende establecer sino porque la nueva no hace más que perpetuar, de una forma enmascarada, un sistema político y económico ineficaz, excluyente y responsable de la profundización del subdesarrollo del país.

Como es sabido, el proyecto original fue sometido a debate popular en asambleas abiertas. A pesar de que había mucho que discutir, el aspecto de mayor debate, según las fuentes oficiales, fue el artículo 68 que establecía que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común…” sin aclarar nada relativo a los sexos, lo cual desató la furia de los grupos religiosos fundamentalistas que, extrañamente, tuvieron eco en los grupos más conservadores del círculo de poder. El artículo 68 fue la cortina de humo lanzada para desviar la atención de los problemas medulares de la sociedad cubana que siguen sin solución.

Así las cosas, la Comisión Constitucional que redactó el proyecto decidió eliminar el polémico artículo pero, sin embargo, no consideró la necesidad de incluir otros cambios que de forma mayoritaria pidieron los participantes en dichas asambleas, como fue el caso de la elección popular del presidente, gobernadores e “intendentes”, así como la eliminación de la edad máxima a la que puede accederse a la primera magistratura del país.

En consecuencia, el proyecto que se someterá a referendo es uno de los más conservadores y menos democráticos de América Latina, a pesar de que Cuba, con su Constitución de 1940 se puso a la vanguardia constitucional de la región en aquel entonces. Con este proyecto y con la Constitución que se reemplaza, Cuba está en la retaguardia en materia de libertades y empoderamiento de su sociedad.

¿Cuáles son las razones por las que este proyecto debería ser rechazado?

1. Se establece que “el socialismo y el sistema social revolucionarios… son irrevocables”. Ninguna generación tiene el derecho de imponer un sistema de gobierno a las generaciones posteriores, y pretenderlo es un desconocimiento de la realidad. Revocar una Constitución que no refleje las realidades de la vida siempre es posible, pero pretender que los sistemas políticos son “irrevocables” y están “escritos en piedra” no solo es un absurdo sino un desconocimiento de las leyes del materialismo histórico, que constituye uno de los pilares del marxismo al que supuestamente adscribe el grupo que gobierna el país y el partido que lo respalda.

2. Se le otorga al Partido Comunista de Cuba el status de “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, lo cual le asegura el poder sin que pueda ser revocado por el pueblo que, supuestamente, por la propia constitución, es el depositario de la soberanía y del cual “dimana todo el poder del Estado”. Si la soberanía reside en el pueblo, ¿por qué éste no puede revocar el sistema político? ¿por qué no puede elegir a unos dirigentes que no pertenezcan al Partido Comunista? ¿por qué no puede reformar dicha Constitución y debe hacerlo solo a través de la Asamblea Nacional? ¿por qué es la Asamblea Nacional el único poder constituyente? El pueblo cubano tiene el derecho a elegir a sus dirigentes de una forma democrática y tiene derecho a elegir entre diversas opciones políticas. No merece la pena siquiera discutir si existe alguna razón histórica que explique ese “derecho a gobernar” que más que una delegación de poder otorgada por la sociedad, constituye una imposición desde el centro de poder. Las razones históricas que podrían explicar este fenómeno no son eternas y en las actuales circunstancias ese “derecho” carece de fundamento político, histórico y sociológico.

3. El texto constitucional reconoce a los pueblos del mundo “la libertad de elegir su sistema político, económico, social y cultural” pero no le reconoce al propio pueblo cubano ese derecho puesto que el sistema político se declara irrevocable.

4. En los Fundamentos Económicos se establece “la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, como forma de propiedad principal”. Esta definición asume una identidad entre propiedad estatal y propiedad socialista de todo el pueblo cuando, en la práctica, no funciona así en la realidad. No existen los mecanismos reales para que los supuestos propietarios (en este caso todo el pueblo) puedan ejercer sus derechos como propietarios ni siquiera en el control de la gestión de aquellos que administran esa propiedad que supuestamente es de todos. En la práctica, la propiedad que en teoría es de todos, resulta de aquellos que la usan “en representación de todos”. Este fenómeno ha existido en todos los países que se han llamado “socialistas” desde la Rusia bolchevique y ha sido el principal obstáculo para la realización económica de la propiedad social.

5. El proyecto es abundante en dejar a leyes posteriores la regulación de una serie de derechos que se proclaman pero que no se garantizan en la práctica. Esto es particularmente notorio en los casos de la “libertad de pensamiento, conciencia y expresión”, de los “derechos de reunión, manifestación y asociación”, la “libertad de prensa” y otros.

6. La Comisión Constitucional y después la Asamblea Nacional, retrocedieron ante la presión de las iglesias y prefirieron satisfacer las exigencias de estos grupos que desconocen las realidades de la diferente naturaleza humana a reconocer el derecho de una parte de la población a construir una familia con total reconocimiento legal. Como fórmula salomónica decidieron definir el matrimonio como “una institución social y jurídica”, lo cual no significa otra cosa que una obviedad. De un plumazo se ha decidido diferir para dentro de dos años algo que constituye un derecho de una parte de la población que no lesiona el derecho del resto de la sociedad y en esto Cuba se coloca en la retaguardia de Hispanoamérica.

7. Entre los derechos cívicos y políticos de los ciudadanos cubanos se establecen: “estar inscriptos en el registro electoral”, “proponer y nominar candidatos”, “elegir y ser elegidos”, etc. Aparentemente, no existe ninguna restricción de estos y otros derechos para los cubanos residentes fuera de Cuba, sin embargo, los residentes fuera del país no pueden estar en el registro electoral ni pueden elegir o ser elegidos. Esto, sin contar con que muchos de los supuestos derechos cívicos tampoco los pueden ejercer los ciudadanos en realidad, tales como “revocar el mandato de los elegidos” (cuando la iniciativa de esta revocación no procede de la alta dirección del país), o “estar informados de la gestión de los órganos y autoridades del Estado”, porque, los funcionarios del Estado no están obligados a rendir cuenta de su gestión ante la sociedad.

8. Se reconoce, en teoría, el derecho del pueblo a controlar “la actividad de los órganos estatales, de los diputados y de los funcionarios” pero no se define de qué forma puede el pueblo controlar esta gestión y tomar medidas cuando sea necesario revocar las facultades de determinados funcionarios.

9. El proyecto le otorga a la Asamblea Nacional la facultad de elegir al Presidente y al Vicepresidente, siendo el único país de América Latina en la que el pueblo carece del derecho de elegir a estos funcionarios por sufragio universal directo y secreto. Por otra parte, resulta absurda y sin razón alguna, la medida de establecer un límite máximo de edad para el ejercicio de la Presidencia de la República.

10. La Asamblea Nacional, que es la que debe legislar tiene, al mismo tiempo, la facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes, cuando esto debería estar en manos de un órgano judicial como el Tribunal Supremo de Justicia o una Corte Constitucional que, de hecho, no se contempla en el proyecto. En la formulación actual, si la Asamblea legisla y, además, determina la constitucionalidad de las leyes, ¿a quien apela el ciudadano para revocar una medida legislativa? ¿a quien la ha adoptado? Esto es un absurdo.

11. Se le otorga al Consejo de Defensa Nacional facultades superiores a las de la Asamblea Nacional o del Gobierno en caso de “situaciones excepcionales y de desastre” lo cual significa la posibilidad de la existencia de un “golpe de Estado constitucional” cuando este Consejo considere que se trata de ese tipo de situaciones.

Este proyecto no constituye una diferencia esencial con la constitución actual, solo modifica algunas cuestiones de la organización institucional. En cambio, pretende atar a la sociedad cubana a un tipo de país que se imaginan o que quieren imponer sus actuales dirigentes. La aprobación de este proyecto significará una nueva oportunidad perdida para realizar las transformaciones revolucionarias que deberían conducir a un empoderamiento de la sociedad para la construcción de su propio destino y de construir una sociedad democrática basada en el imperio de la ley que incluya a todos los cubanos. Será más de lo mismo.

Autor

Nací en La Habana, Cuba, el 1 de abril de 1958. Vivo en Cali, Colombia desde 1989. Estudié Licenciatura en Economía en la Universidad de La Habana e hice mi Doctorado en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente soy Profesor Titular del Departamento de Economía y Director del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Desde 1990 trabajo como profesor en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, en la que me desempeñado como Director del Departamento de Economía entre 1995 y 2002 y entre 2006 y 2012. En 1989, al llegar a Colombia, fui profesor en la Universidad de San Buenaventura de Cali. Entre 1984 y 1988 trabajé como Investigador de Mercados Internacionales en el Fondo Cubano de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura de Cuba y entre 1981 y 1984 fui Investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de La Habana, Cuba. Mis intereses intelectuales abarcan un amplio espectro de temas que van desde problemas relacionados con la economía política internacional, la historia económica mundial, la historia del pensamiento económico, la política económica y los modelos de desarrollo hasta aquellos relacionados con la cultura y las artes, especialmente, la ópera, el ballet, el cine, el teatro, la literatura y las artes visuales. Este blog estará dedicado a mis temas de interés, así como a la difusión de mis notas de clase para mis cursos en la universidad.

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